La idea de establecer un corredor comercial entre el Océano Pacífico y el Golfo de México usando trenes, ríos navegables y carreteras ha sido la ambición de los más emblemáticos líderes del país, incluyendo al “Benemérito de las Américas”: Benito Juárez.
Pero Miguel Ángel García Aguirre, fundador de la asociación Maderas del Pueblo del Sureste y coordinador del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas, ubica el antecedente directo en un proyecto propuesto durante la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994–2000).
Por Raúl Fernando Pérez Lira
Ciudad de México, 6 de noviembre (OpenDemocracy).– Cuando los oaxaqueños de Juchitán apenas tomaban un descanso luego de la muerte de Francisco Toledo, hijo predilecto de estas tierras, la asamblea “El istmo es nuestro”, convocada por el Congreso Nacional Indígena (CNI), inició con un objetivo es claro: articular los movimientos indígenas y campesinos de Oaxaca, y más allá, en defensa de los territorios que ambicionan el Gobierno y empresas eléctricas, mineras y madereras, entre otras.
“No nos informan sobre cómo [este proyecto] va a afectar nuestra vida, cómo nos va a empobrecer más, si deveras va a traer desarrollo, qué tipo de desarrollo, para quién, cómo, por qué, todo eso es lo que queremos saber porque somos dueños de los territorios. Somos los que hemos salvaguardado estos territorios durante cientos de años desde épocas de la colonización”, explicó Bettina Cruz Velásquez, mujer binnizá defensora de los derechos humanos, durante la apertura del encuentro.
Representantes de más de un centenar de organizaciones indígenas se dieron cita en Juchitán entre el 6 y 8 de septiembre de 2019, acompañados de medios libres e independientes, organizaciones ambientalistas, artistas y oaxaqueños en general.
A lo largo de mesas de trabajo y paneles informativos, los pobladores del Istmo de Tehuantepec expusieron un sentimiento generalizado: el proyecto del Corredor Transístmico (o interoceánico) anunciado por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se pretende llevar a cabo sin tomar en cuenta el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas sobre su territorio.
EL CORREDOR TRANSÍSTMICO, UN PROYECTO DE ANTAÑO
La idea de establecer un corredor comercial entre el Océano Pacífico y el Golfo de México usando trenes, ríos navegables y carreteras ha sido la ambición de los más emblemáticos líderes del país, incluyendo al “Benemérito de las Américas”: Benito Juárez.
Pero Miguel Ángel García Aguirre, fundador de la asociación Maderas del Pueblo del Sureste y coordinador del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas, ubica el antecedente directo en un proyecto propuesto durante la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994–2000).
“Ese proyecto es el que retoma textual López Obrador. Lo sabemos porque en 1996 se anuncia el megaproyecto del istmo, así se le bautizó, y desde entonces fundamos un movimiento que se llamó ‘El Istmo es nuestro’. Ahorita se está retomando ese título porque es otra vez lo mismo”, dijo el activista en entrevista.
“[El corridor] afecta a 80 municipios del istmo, 49 en Oaxaca y 31 en Veracruz. Afecta a 11 pueblos indígenas más el pueblo negro. Es la región más biodiversa de México. Se produce 40% del agua nacional que se capta fluvialmente. Se produce un sinnúmero de servicios ecosistémicos que generan un enorme beneficio para la humanidad”, declaró García Aguirre.
Poco después de las elecciones de 2018, López Obrador envió una carta al presidente de los EU, Donald Trump, explicándole aprovecharía la “ubicación estratégica de esta franja del territorio nacional para unir al Pacífico con el Atlántico” y así facilitar el transporte de mercancías entre Asia y el este de los EU.
Además de las líneas ferroviarias, se buscaría ampliar la carretera, rehabilitar los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, hacer uso de los recursos locales e instalar plantas de manufactura. Todo siguiendo el modelo de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) diseñadas para atraer inversiones mediante incentivos fiscales y creadas bajo la presidencia de Presidente Enrique Peña Nieto en 2016.
“Lo que se pretende es un canal interoceánico pero seco, que compita con el canal de Panamá, a través de un tren bala de carga que va a correr a 300 km/h y con la modernización brutal de los dos puertos que implicar dragar profundamente el de Salina Cruz y ampliar el rompeolas de forma que puedan entrar buques y tanques mercantes”, continuó García Aguirre.
En la misma carta, López Obrador explica a Trump que estos proyectos tendrán en cuenta “los impactos ambientales” y que los pobladores y propietarios de las tierras serían “tomados en cuenta, consultados e incorporados como parte sustantiva del proyecto”.
Sin embargo, una de las principales denuncias de parte de los pueblos indígenas y campesinos presentes en la asamblea es que precisamente no se ha respetado el debido proceso de consulta establecido por el Convenio 169 (C169) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El desarrollo del Corredor Transístmico implicaría toda una nueva serie de proyectos mineros y energéticos en la región.
LAS COMUNIDADES DENUNCIAN FALTA DE INFORMACIÓN
Albino Pedro Juan, hablante de ayuuk y presidente del Comisariado Ejidal de San Juan Guichicovi, dice que no les han presentado la información pertinente. “No nos informan sobre en qué nos va a beneficiar, en qué nos va a afectar, cuáles van a ser los impactos ambientales, sociales o culturales. Ha habido algunos volantes pero la gente no conoce tanto de letras. Además, en español…”, dijo Albino en entrevista.
A finales de agosto, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) le expresó al presidente que los procesos de consulta a los pueblos indígenas en México “no son realizados de manera previa, no toman en cuenta los usos, costumbres, cultura y debida representación de los pueblos afectados, no se proporciona información clara, precisa y culturalmente adecuada, y, además, con frecuencia, son llevados a cabo en contextos de amenazas, criminalización y hostigamiento, perjudicando su carácter libre”.
Para Josefa Sánchez Contreras, una joven zoque que participa en la comisión agraria de seguimiento a los problemas de San Miguel Chimalapa, los procesos de información y consulta a los pueblos indígenas en la región han venido viciados desde un principio.
“Las dos concesiones que hay actualmente, por poco más de 7,000 hectáreas, son por parte de la empresa Minaurum Gold y Gold Copper, empresas canadienses, que desde hace ya varios años la Secretaría de Economía les otorgó la concesión sin ninguna consulta ni aviso previo a nuestra comunidad indígena”, denunció Josefa en entrevista.
“La explotación de esta minería a cielo abierto implicaría no sólo la devastación de nuestro territorio sino de esos tres ríos [Ostuta, Espíritu Santo y Zanatepec]… Hemos acordado que no queremos ese proyecto y hemos clausurado sus exploraciones”, continuó Josefa.
El desarrollo del Corredor Transístmico implicaría toda una nueva serie de proyectos mineros y energéticos en la región para la construcción de toda la infraestructura necesaria, poniendo en riesgo el balance de los Chimalapas.
Una vez electo, López Obrador decretó la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) con la finalidad de “garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, su desarrollo integral y sostenible, así como el fortalecimiento de sus culturas e identidades”. Sin embargo, Josefa no confía en la reforma al artículo 2 de la Constitución Mexicana, relativo a los derechos de los pueblos indígenas promovida por el INPI, pues cree que no otorgará a los pueblos indígenas el pleno derecho a la autodeterminación.
A pesar de su corta vida, el presupuesto del INPI disminuirá cerca del 40 por ciento el siguiente año, de 6 mil millones a 3 mil 500 millones de pesos, reduciendo drásticamente su capacidad de vincularse con los procesos democráticos internos de cada uno.
«EL CONVENIO 169 HA SIDO REBASADO»
“La discusión de las propias comunidades es que no nos interesa el C169, que ya está muy rebasado y que sólo busca la manera de acordar la forma y los mecanismos sobre cómo las empresas y el Estado puedan llegar a un acuerdo para indemnizar o pagar, o que seas miembro o socio del mismo proyecto. Nosotros hemos planteado el tema de la libre determinación y que los pueblos decidan”, declaró en entrevista Omar Esparza es coordinador nacional del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ).
Omar cree que los pueblos tienen sus propios mecanismos democráticos establecidos que funcionan sin intervención, pero que el problema de las consultas va más allá de esto.
“Mucho de lo que se discute hoy en la actualidad es el derecho que tienen los pueblos a la consulta. Pero lo que no se discute es el derecho a ser pueblo, porque antes de una consulta tienes que tener el territorio”, continuó Omar.
La pérdida del sentido de comunidad ha dañado los procesos organizativos de comunidades indígenas a lo largo del territorio. Aunque muchos pueblos y naciones han mantenido sus formas tradicionales de Gobierno, otros no han tenido la misma suerte, facilitando que el Estado y empresas tengan acceso al territorio sin pasar por procesos de información y consulta.
Durante gran parte de su historia independiente, México ha promovido un sistema educativo que excluye a las lenguas indígenas e incentiva el uso del español como la única lengua válida para acceder a oportunidades económicas, políticas y sociales. Esta política de homogeneización ha resultado en la pérdida de la identidad y de las estructuras comunitarias de los pueblos.
Carlos Manzo, comunero binnizá de Unión Hidalgo, denuncia que las autoridades los discriminan cuando ya no hablan su idioma o cuando tienen un título universitario, despojándolos de su identidad indígena. “Mientras tanto las empresas siguen avanzando, los otros procesos de privatización siguen avanzando. La lengua es un recurso de la resistencia, no debemos de permitir que desaparezca”, declaró Carlos en una entrevista radial.
No obstante, son numerosos los amparos ganados por las comunidades indígenas del istmo, resultado de las decisiones internas tomadas a través de asambleas y de la insistencia constante de los pobladores. Las comunidades chontales de Oaxaca, por ejemplo, lograron detener la instalación de la Minera Zalamera, filial de la canadiense Minaurum Gold Inc.
Esta asamblea del CNI y el CIG con organizaciones simpatizantes fue una continuación de aquella realizada en abril en Amilcingo, Morelos, y que tuvo como hilo conductor el Proyecto Integral Morelos (PIM). En febrero de este año, el activista y fundador de la radio comunitaria Amiltzinko, Samir Flores, fue asesinado por sujetos desconocidos. Sus compañeros sospechan que su muerte estuvo ligada a su oposición al PIM.
En la declaratoria final de esta asamblea del CNI-CIG, los participantes llamaron a una jornada global de lucha “en defensa de la vida y de nuestros territorios” el 12 de octubre, suscribiéndose a la campaña global “El istmo es nuestro”, y exigieron justicia para las mujeres, los 43 estudiantes de Ayotzinapa y todxs lxs desaparecidxs, los afectados por el incidente minero de Pasta de Conchos, Samir Flores y el preso político Miguel Ángel Peralta Betanzos.
